Corrupción en la Casa Militar: “Si jugás con los amigos, te van a llegar los caramelos”

Al igual que una caja negra que revela con detalle las causas de un accidente aéreo tiempo después de ocurrido, una serie de conversaciones telefónicas expone una compleja red de complicidades en las oficinas encargadas de gestionar los aviones oficiales. En estos diálogos emerge una lista de nombres y cargos, que va desde funcionarios nacionales hasta empresarios del sector, quienes más que competir por contratos parecen coordinar sus movimientos al margen de los organismos de control. Lo que queda en evidencia es un engranaje en el que la corrupción no es una falla del sistema, sino su principal motor.

Clarín accedió a detalles y documentos sobre el cuestionado proceso de compra de un avión Embraer ERJ-140LR, por el cual la Fuerza Aérea pagó el año pasado 4 millones de dólares, cuando uno similar costaba 2,3 millones, y que ya estaba pintado por el proveedor elegido antes de finalizar la adjudicación. Ese caso es sólo uno entre decenas de contrataciones sospechosas.

Los audios obtenidos por este diario fueron la primera pista para reconstruir los negocios con la flota aérea presidencial y también con otros organismos. Cerca de 30 gigabytes de información recopilada durante casi tres años, entre audios, documentos, fotografías y videos, revelan cómo un empresario con acceso a un grupo de compañías y con la colaboración de funcionarios nacionales manipulaba licitaciones para repartirse sobreprecios.

En cuestión de minutos, el lobbista aeronáutico y empleado formal del Ministerio de Justicia, Claudio Rubén Cavina, deja entrever a su interlocutor, un funcionario vinculado a la aeronáutica presidencial, que hay un esquema funcionando. Como dijo Cristina Kirchner a José López sobre los negociados heredados de su esposo: “él podía ser parte del problema o de la solución”.

En las conversaciones, cuyos fragmentos más elocuentes se presentan hoy, Cavina intenta incorporar a su interlocutor al «sistema» de corrupción en la compra de aeronaves, mantenimiento y repuestos del Estado Nacional, cuyo entramado está distribuido en oficinas públicas estratégicas. Con los cambios de gobierno y funcionarios, la organización presuntamente delictiva debía reclutar nuevamente a sus colaboradores para asegurar la aprobación de contratos, desde las especificaciones técnicas y dictámenes jurídicos hasta la autorización de pagos.

“Hace un tiempito me llamaron de la Casa Militar para ver si podía dar una mano con algunos temas”, dice Cavina. “Lo que hace falta es armar un equipo de trabajo. Yo te ofrezco el know how. Me gustaría, si puedo ayudar, que todo fluya”.

“Entonces, el general Sebastián Ignacio Ibáñez, jefe de la Casa Militar, me planteó que ‘no sabía cómo hablar contigo’. Yo sólo quiero que todo salga bien, que no haya problemas, que trabajemos con gente que responda”, agrega. Cavina insiste en que el interés de Ibáñez es el mismo que el de su interlocutor: formar un equipo eficiente.

En ese monólogo, Cavina menciona a proveedores conocidos y confiables, como Fabián Oyarbide, dueño de la empresa Redimec SA, y Masuma, encabezada por los hermanos Torres, además de Pacific Ocean, que califica como gente seria.

También critica al empresario Jaime Mejía, presidente de Aras Aero, por haber violado una advertencia para hablar sólo de temas técnicos, señalando: “recontra abrió la boca”.

Minutos después, advierte sobre conductas que pueden poner en riesgo la imagen del grupo: “Un proveedor me dijo: ‘cuídense de este varón, que anda diciendo que paga al subsecretario’. Eso no puede pasar. Hay que cuidar la imagen”. Una muestra de que el grupo protege a sus miembros.

A partir de ahí desfila una serie de nombres de funcionarios y exfuncionarios relacionados con la gestión de aeronaves y empresarios que abastecen al Estado y a la organización parasitaria. Entre ellos, “Florencia” Gastaldi (exdirectora general de Logística), Leonardo Barone (exdirector general de Logística), Martín Rodrigo (exdirector de Medios Aéreos), Julián Massolo (exsubsecretario de Planificación General), y Marcelo Bagniole, un empresario de larga data que negocia sobreprecios y conecta a proveedores con funcionarios.

Cavina identifica a Bagniole como “quien vendió al Estado el Tango-01, el avión presidencial durante las presidencias de Carlos Menem”, clave en el esquema fraudulento.

El foco se concentra en Marcelo Oscar Bagniole, quien mantiene contactos con el brigadier general Xavier Julián Isaac, exjefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea y del Estado Mayor Conjunto, y posee vínculos con varias empresas. Bagniole se reunió con Fabio Adrián Lamas, exdirector de Mantenimiento, y Gustavo Gastón Rodero, exdirector de Planificación y Mantenimiento de la Dirección General de Logística, es decir, con piezas fundamentales del sistema de negocios ilegales.

Se mencionan además a Fabián Ricardo Barbieri, exdirector de la Dirección de Logística, a Jorge Jesús Antelo, brigadier y exsecretario de Estrategia de la Jefatura de Gabinete durante la presidencia de Javier Milei, y a otros funcionarios que facilitaban el control y la distribución de los beneficios.

Cavina señala la importancia de colocar a un oficial de la Fuerza Aérea para poner “en orden a todos”, cuestionando que la jefatura de la Agrupación Aérea esté en manos de alguien sin la experiencia adecuada, en referencia a Florencia Gastaldi.

El 25 de mayo de 2023, Barone y Juan Pablo Pinto realizaron un vuelo a baja altura con el recién llegado ARG