Revés judicial para los miembros de la banda que extorsionó al soldado que apareció muerto en Olivos

Rodrigo Gómez tenía 21 años cuando fue encontrado muerto en la Quinta de Olivos. Desde sus celdas, venía siendo víctima de hostigamiento y extorsión por parte de un grupo de delincuentes. Casi medio año después de su fallecimiento, la Cámara Federal de San Martín ratificó el juicio contra los detenidos por este crimen y dictó un fuerte revés contra dos de ellos.

Se trata de Iara Ayelén Cosentino y Karen Yael Cufré, ambas imputadas por asociación ilícita agravada como miembros de la banda y coautoras del delito de extorsión.

Mientras que sus compañeros permanecieron detenidos, Cosentino y Cufré solicitaron la excarcelación para aguardar el juicio en libertad. Sin embargo, según documentos a los que tuvo acceso Clarín, los jueces Juan Pablo Salas, Marcelo Darío Fernández y Marcos Morán rechazaron estos pedidos.

En el caso de Cufré, el tribunal enfatizó su rol logístico dentro de la organización mientras cumplía funciones en el centro de monitoreo de la Municipalidad de Morón, un dato que los magistrados consideraron «altamente significativo». Además, valoraron negativamente el uso de violencia psicológica contra las víctimas y la complejidad de la estructura para captar y extorsionar personas de manera indeterminada.

Respecto a Cosentino, los jueces señalaron que el arraigo familiar y la ausencia de antecedentes presentados por la defensa no eran suficientes para neutralizar el riesgo procesal, dado el contexto criminal en el que intervenía. En ambos casos, se advirtió un peligro real de fuga ante la gravedad de la posible condena, la cual implicaría cumplimiento efectivo.

Asimismo, se sumó el caso de Erica Yamila Torres, en cuyo recurso contra la prisión preventiva los magistrados advirtieron que fue «erróneamente concedido», ya que la defensa intentó impugnar la detención por un camino procesal inadecuado respecto al régimen de excarcelación.

La banda estaba liderada por Tomás Matías Francavilla y Mauricio José Duarte Areco, quienes dirigían las extorsiones desde el interior de la Unidad 36 de Magdalena. Francavilla, que se hacía pasar por un policía estafado llamado «Nahuel Contti», y Duarte Areco fueron procesados como jefes de asociación ilícita y coautores de extorsiones reiteradas.

Ambos enfrentan además la imputación de instigación al suicidio, ya que la presión psicológica ejercida sobre Rodrigo Gómez fue el detonante de su muerte. Entre los detenidos también figura Kevin Manuel Sandoval, alojado en la Unidad 26 de Olmos, quien actuaba como nexo y era valorado por su tono de voz para asumir roles específicos en las llamadas extorsivas.

Desde el exterior de las cárceles, se confirmó la participación de Camila Alejandra Moscato, encargada de recibir los depósitos de las víctimas para luego redistribuirlos entre el entorno de los líderes, incluido el hermano de Francavilla.

Actualmente, la instrucción se centra en la trazabilidad del dinero, lo que permitió reconstruir un entramado de transferencias cruzadas entre los implicados inmediatamente después de las extorsiones.

El tribunal también determinó que las constantes llamadas y presiones que recibió el soldado el día del hecho entorpecieron sus funciones de custodia federal, afectando su concentración y los períodos de descanso obligatorios.

Mientras la justicia evalúa la incorporación de nuevas pruebas, los imputados permanecen bajo prisión preventiva.